El sector paga a 240 dÃas de media a sus proveedores. Las empresas constructoras deben 35.000 millones de Euros a sus proveedores.
La reforma de la ley de Morosidad, aprobada el pasado martes en el Congreso, constituye prácticamente una utopÃa para el sector constructor, que paga actualmente de media a 240 dÃas a sus proveedores, casi cuatro veces más que lo que fijará la nueva ley. Ante la inminente tramitación de la nueva normativa, las grandes constructoras han pedido introducir una excepción que se adapte a la realidad del sector.
Las empresas que suministran tejas, ladrillos o ventanas y aquellas que subcontratan las grandes compañÃas para ejecutar obra civil son pequeñas y de marcado sello familiar. Por ello, están abocadas a soportar los retrasos de pagos de sus clientes, ante la amenaza de romper los contratos o dejar de suministrarles sus productos. Esto ha llevado a muchas pymes a suspender pagos y dejar importantes deudas sin pagar a la banca en los dos últimos años.
La hasta ahora ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establecÃa que las empresas constructoras debÃan pagar a sus proveedores y contratistas en 60 dÃas, un plazo que nunca se ha cumplido. También permitÃa (artÃculo 211) pactar con el proveedor plazos de pago superiores.
Según un reciente discurso de David Taguas, presidente de Seopan, en el Congreso, "la deuda vencida –a más de 60 dÃas– por las administraciones públicas con el sector ascendÃa a 16.400 millones de euros a finales del 2008". Por ello, es el pez que se muerde la cola. Las empresas constructoras justifican el retraso de sus pagos en que la Administración tampoco cumple.
Rafael Fernández, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), considera que la reforma de la ley de Morosidad es "un brindis al sol". No se va a cumplir. Ante esta realidad, justifica, "antes de tener que judicializar los retrasos de cobros, es mejor buscar una fórmula intermedia".
La reforma, que ahora tiene que recibir luz verde en el Senado, exige que la Administración pague a 30 dÃas y las empresas a 60 dÃas en el 2013 sin excepciones. Establece, además, un periodo transitorio a 85 dÃas desde su entrada en vigor y 75 dÃas a partir de enero del 2012.
La Cepco estima que las constructoras tienen una deuda viva de 35.000 millones con la industria auxiliar. Ante esta realidad, las tres patronales que agrupan al sector constructor –Seopan, Aerco y Anci– quieren negociar con los distintos grupos parlamentarios de la Cámara Alta para que se introduzca una excepción en el sector constructor a través de una disposición adicional, antes de que se tramite la ley definitiva.
Este es el último cartucho del sector constructor, pero no lo tiene fácil, pese a que cuenta con el visto bueno de la Cepco. La propuesta de las constructoras es un confirming irrevocable, es decir, un sistema de gestión de pagos avalado por un banco y que asuma el constructor el coste financiero por el exceso sobre los 60 dÃas legales. La pega de esta idea es que la banca no está en estos momentos en condiciones de asumir los citados avales, con lo que resulta difÃcil pensar que se admitirá a trámite.
Las empresas que suministran tejas, ladrillos o ventanas y aquellas que subcontratan las grandes compañÃas para ejecutar obra civil son pequeñas y de marcado sello familiar. Por ello, están abocadas a soportar los retrasos de pagos de sus clientes, ante la amenaza de romper los contratos o dejar de suministrarles sus productos. Esto ha llevado a muchas pymes a suspender pagos y dejar importantes deudas sin pagar a la banca en los dos últimos años.
La hasta ahora ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establecÃa que las empresas constructoras debÃan pagar a sus proveedores y contratistas en 60 dÃas, un plazo que nunca se ha cumplido. También permitÃa (artÃculo 211) pactar con el proveedor plazos de pago superiores.
Según un reciente discurso de David Taguas, presidente de Seopan, en el Congreso, "la deuda vencida –a más de 60 dÃas– por las administraciones públicas con el sector ascendÃa a 16.400 millones de euros a finales del 2008". Por ello, es el pez que se muerde la cola. Las empresas constructoras justifican el retraso de sus pagos en que la Administración tampoco cumple.
Rafael Fernández, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), considera que la reforma de la ley de Morosidad es "un brindis al sol". No se va a cumplir. Ante esta realidad, justifica, "antes de tener que judicializar los retrasos de cobros, es mejor buscar una fórmula intermedia".
La reforma, que ahora tiene que recibir luz verde en el Senado, exige que la Administración pague a 30 dÃas y las empresas a 60 dÃas en el 2013 sin excepciones. Establece, además, un periodo transitorio a 85 dÃas desde su entrada en vigor y 75 dÃas a partir de enero del 2012.
La Cepco estima que las constructoras tienen una deuda viva de 35.000 millones con la industria auxiliar. Ante esta realidad, las tres patronales que agrupan al sector constructor –Seopan, Aerco y Anci– quieren negociar con los distintos grupos parlamentarios de la Cámara Alta para que se introduzca una excepción en el sector constructor a través de una disposición adicional, antes de que se tramite la ley definitiva.
Este es el último cartucho del sector constructor, pero no lo tiene fácil, pese a que cuenta con el visto bueno de la Cepco. La propuesta de las constructoras es un confirming irrevocable, es decir, un sistema de gestión de pagos avalado por un banco y que asuma el constructor el coste financiero por el exceso sobre los 60 dÃas legales. La pega de esta idea es que la banca no está en estos momentos en condiciones de asumir los citados avales, con lo que resulta difÃcil pensar que se admitirá a trámite.
